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El director de la revista "Cuadernos de Pedagogía", Jaume Carbonell Sebarroja, reflexiona en el editorial de la edición de Noviembre, sobre la ley de Autoridad del profesor, propuesta por Esperanza Aguirre, centrándose en tres cuestiones clave:
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autoridad y disciplina?, ¿qué significados adquieren hoy a la luz de las nuevas dinámicas sociales y educativas? y ¿cómo se construyen, imponen y reconocen por parte de los diversos actores educativos?
La Ley de Autoridad del Profesor, anunciada a bombo y platillo por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid que preside, ha provocado múltiples reacciones y un gran revuelo mediático.
También ha suscitado algunas reflexiones de cierto calado como contribuciones a un debate necesario en torno a tres cuestiones clave: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de autoridad y disciplina?, ¿qué significados adquieren hoy a la luz de las nuevas dinámicas sociales y educativas? y ¿cómo se construyen, imponen y reconocen por parte de los diversos actores educativos?
Con el ánimo de contribuir a este debate, ahí va una agenda de urgencia con siete puntos a desarrollar:
Primero. Es evidente que la autoridad es inherente al rol y a la función docente, pero ésta, al ser prioritariamente educativa y preventiva, no puede asociarse a la de los policías y jueces, con cometidos básicamente –aunque no únicamente– punitivos.
La protección del profesorado ya está garantizada por la legislación civil, penal y laboral y, si cabe mejorarla, hay que plantearlo en el marco del futuro estatuto docente, pero no con medidas aisladas y populistas, y judicializando la vida escolar.
Segundo. El centro del debate no hay que situarlo en la recuperación de los rituales del pasado –la tarima, el trato de usted o los uniformes–, sino con la mirada puesta en el presente-futuro, porque el orden escolar es hoy muy distinto. El triángulo docente único - aula cerrada - alumnado homogéneo, del que se deriva un modelo de autoridad, ya no existe: los espacios son más abiertos, y las relaciones y mediaciones educativas son más complejas, con la pertinente redistribución de la autoridad, tal y como ocurre en otras instituciones sociales.
Sí, los rituales y las formas son importantes, pero con otra gramática escolar.
Tercero. El reconocimiento a la autoridad no se impone por decreto sino que se logra día a día a partir de la ejemplaridad moral, la conviccióny pasión por lo que se enseña, la empatía pedagógica, la escucha y la relación de confianza y respeto mutuo –nada que ver con el amiguismo, el coleguismo o el paternalismo–.
Daniel Pennac lo cuenta muy bien en Mal de escuela cuando se refiere a sus profesores salvadores.
Cuarto. El alumnado asume más claramente sus derechos que sus deberes y responsabilidades, aunque se empieza a tomar conciencia de ello y se le exige más compromisos. Hay que analizar qué cuota de responsabilidad tienen en ello las conductas adultas, así como las dificultades y deserciones familiares y el malestar y corporativismo docente. En cualquier caso, el victimismo o la culpabilización entre los distintos colectivos no conducen a ninguna parte.
Quinto. El conflicto existe, claro que existe. Pero hay sindicatos y medios de comunicación que exageran y manipulan los datos y situaciones, mostrando sólo casos extremos que configuran un paisaje catastrofista e irreal. Un ejemplo: las imágenes emitidas por Antena 3 en el debate sobre educación (6 de octubre de 2009).Entonces se disparan las alarmas, cunde el pánico y la sociedad aplaude o justifica las medidas de mano dura.
Sexto. Hay que hacer visibles las situaciones de normalidad en los centros y, sobre todo, aquellas buenas prácticas que ponen de relieve que la mejora de la convivencia, las relaciones de autoridad respetuosas y positivas y los procesos de mediación consensuados repercuten en una disminución de los conflictos o en que éstos no adquieranuna mayor magnitud. Porque lo educativo no es recrearse en las miserias sino en las posibilidades de construir comunidades democráticas donde se respeten los derechos de todos los actores.
Y séptimo. El logro más generalizado de nuevas relaciones de autoridad democráticas requiere tiempo, paciencia y mucha cooperación entre todos los sectores afectados. Porque el valor de la educación es la apuesta por el futuro a largo plazo.
Por eso conviene desconfiar y rechazar medidas efectistas a corto plazo como la de la presidenta de la comunidad madrileña. Aunque ello suponga perder votos, bajar audiencias y no subir la afiliación sindical.
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